El estado laico

Arena Suelta

Por Tayde González Arias.

De cuándo en cuándo , algún funcionario público resalta en el escenario mediático nacional, a consecuencia de hacer ecología publica de su fe religiosa. Si bien esas creencias son respetabilísimas, según el principio de libertad de credo, que es fundamental en nuestro orden jurídico, su expresión desde la tribuna quien otorga el poder publico es controversial. Por mandato constitucional, el Estado mexicano es laico. La separación entre los poderes civiles y religiosos es consecuencia de un proceso histórico que todo mexicano debería tener siempre presente.

El conflicto entre la iglesia y el Estado siempre ha estado presente en la historia de nuestro país, definiendo –indudablemente- gran parte de nuestra cultura y modo de vida actuales. Tras la conquista del territorio que hoy es México, por los españoles, se efectuó un trasplante de las instituciones culturales de España a la colonia: se impusieron el idioma la forma de gobierno, la moneda y, sobre todo, la consunción cristiana del mundo. La implantación de la religión católica, trajo consigo la sujeción a las leyes canónicas y a las autoridades religiosas.

Tras el proceso de independencia de l a corona española en la siente estado mexicano necesitaba consolidarse concentrando en si todos los poderes de la sociedad, incluidos los que durante 300 años habían sido ejercidos por la iglesia. Videntemente, no se fue fácil; el clero lucho, a un militarmente, durante el siglo XIX por volver a anterior estado de cosas, conservando el ejercicio de ciertas funciones al interior de la conectividad que le acarreaban provechosos beneficios.

La sociedad mexicana era conservadora, resultado Del proceso de colonización, y de arraigadas tradiciones como herencia de la implantación de la religión. Limitar el poder de la iglesia en favor de las autoridades gubernamentales civiles, resultaba virtualmente imposible al n legitimarse a ojos de la sociedad. La jerarquía eclesiástica –caracterizada por su intolerancia- no solo condenaba las autoridades de creencia, de expresión y de culto, si no que pretendía conservar tanto sus tribunales y fueros especiales; contradiciendo el principio de igualdad pues se negaba a supeditarse a cualquier autoridad distinta a la eclesiástica.

Pero en el naciente estado mexicano, acorde con los postulados ideológicos de los políticos liberales, llevo a sus últimas consecuencias las reformas en materia de prevalencia del poder civil sobre el eclesiastico. Con la reforma juarista, el estado quito a la iglesia la condición de primera corporación del país así como el patrimonio económico de las ordenes religiosas; logro el afincamiento de la nacionalidad, mediante la conquista plena de la soberanía nacional y la transformación del sistema político, económico y social; estableciendo un nuevo régimen democrático, representativo y popular.

Las principales reyes de reforma se dictaron a partir de 1855, con un gran contenido político que afecto la actividad del país en los aspectos económicos, cultural, social y, por su puesto, el religioso.

Las leyes de reforma sirvieron como base para el tratamiento constitucional del asunto, en el constituyente de1857, restringiendo el poder e influencia de la iglesia en múltiples aspectos finalmente, mediante una reforma constitucional realidad en 1873, se determino formalmente la separación de la iglesia y el estado.

La constitución de 1917, heredo los postulados liberales de su antecedente de 1987. En materia de relaciones estado-iglesia. El texto original del articulo 130 consagro –como principios fundamentales- la educación laica, con la prohibición a las corporaciones y a los ministros de culto establecer o dirigir escuelas primarias; prohibición de realizar votos religiosos y establecer ordenes monásticas y el desconocimiento de la personalidad la responsabilidad jurídica de las agrupaciones religiosas, denominadas iglesias.

Este régimen jurídico estricto, de las asociaciones religiosas, estuvo vigente hasta la década de los 90, cuando se reformo el artículo 130 constitucional. Si bien se mantuvieron como limites estrictos el lusismo, en la educación publica y la no intervención del clero, en asuntos políticos, se reconoció personalidad jurídica a las asociaciones religiosas.

Como consecuencia de estas reformas suele considerarse que en la actualidad las relaciones iglesia-estado se encuentra en un estado de respeto pues, por principio constitucional consagrado en el articulo 24, todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que prefiera, así como practicar ceremonias o actos de culto, siempre y cuando no constituyan delito o falta apenados por la ley.

En el caso de los servidores públicos, el laicismo del estado los obliga a abstenerse de hacer cualquier tipo de proselitismo religioso  pues si bien sus creencia personales son respetables, hacer manifestación de ellas aprovechándose de su posición pública es, en última instancia, violatorio de la libertad de credo de quienes no comulguen con ellos.

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